Los alcaldes y alcaldesas de 80 municipios de seis mancomunidades de las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla firmaron el pasado 4 de octubre en Hinojosa del Duque (Córdoba) el manifiesto, aprobado por las distintas asambleas de la comarcas integrantes, que da forma al proyecto “Provincia 51” contra la despoblación, constituyendo una plataforma para tal fin.

La misma está integrada por municipios de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena y del Ceder Campiña Sur, de la Mancomunidad de la Serena, de la Mancomunidad de Los Pedroches, de la Mancomunidad del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, de la Mancomunidad del Valle del Guadiato y de la Mancomunidad de Sierra Morena de Sevilla.

La asamblea constituyente de la plataforma es el resultado de un movimiento “espontáneo” que ha nacido de la “necesidad” y como respuesta al “olvido” que sufren 80 municipios de estas cuatro provincias de tres comunidades autónomas, que suman unos 200.000 habitantes.

El punto álgido de la jornada llegó con la firma del citado manifiesto que da luz verde a “Provincia 51” y que se justifica en una pérdida de población “insostenible” que les conduce a reclamar “un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo regional y un nuevo modelo provincial que potencie la España rural con el asentamiento de población” mediante “la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico”.

Del mismo modo, los representantes públicos de estas zonas exigen “un giro de 180 grados en las políticas actuales, que favorecen la concentración de las actividades económicas en las grandes ciudades, potenciando cuestiones como el encarecimiento de la vivienda o la insostenibilidad medioambiental”.

Estos motivos llevan a los 80 ayuntamientos integrantes de esta iniciativa a reclamar ser declarados “zonas rurales a revitalizar” al amparo de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del Medio Rural.

De igual manera, el manifiesto recoge una serie de reivindicaciones para las que se seguirá una hoja de ruta definida. Esas peticiones hacen mención a cambios legislativos centrados en la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, en cuanto a su aplicación en municipios inferiores a 20.000 habitantes; leyes que obliguen a las entidades bancarias al mantenimiento de las oficinas bancarias en los municipios de ámbito rural o cambios legislativos en el ámbito urbanístico para que se legisle con normas aplicadas de forma específica para el ámbito rural y su realidad.

El segundo eje de las reivindicaciones se centra en la adopción de nuevas medidas fiscales y de Seguridad Social, fundamentalmente en forma de bonificaciones para facilitar el asentamiento de población en el mundo rural.
Por último, se ha suscrito un tercer eje de peticiones que gira en torno a la adopción de medidas económicas e infraestructuras encaminadas a suplir el déficit energético, la puesta en marcha de conexiones a internet rápidas o a establecer un plan de inversiones en infraestructuras públicas de comunicaciones por carretera y ferrocarril que permita a los municipios implicados “salir del aislamiento geográfico en el que se ven envueltos en la actualidad”.

La siguiente cita de la Plataforma “Provincia 51” será el próximo día 8 de octubre con la reunión que se mantendrá con el Director General de Reto Demográfico, al que se expondrán todas las reivindicaciones acordadas en la asamblea constituyente.